Contrario al compromiso abierto de terminar con las adjudicaciones directas en las compras públicas del Gobierno federal, el pasado lunes se anunció que la licitación para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, se hará mediante invitación a cuatro empresas extranjeras que, pese a lo que dice la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cargan con escándalos de corrupción en diversos países.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Días antes de que se realizara la segunda licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cancelada en 2015 por el presunto conflicto de interés entre Grupo Higa (ganadora de la primera licitación) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le cuestionó al entonces vocero, Eduardo Sánchez si esa constructora, que enfrentaba el escándalo de la “casa blanca” de la familia presidencial, podía volver a participar.
La respuesta fue que sí, que toda empresa que no estuviera inhabilitada en México podía hacerlo.
En 2019, el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a las cuatro empresas que la Secretaría de Energía (Sener) seleccionó para que integren la licitación para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, a pesar de que cargan en su historial casos de corrupción, como falsificación de documentos y sobornos a funcionarios públicos de diversos países, la mayoría comprobados.
El pasado 18 de marzo, en el marco del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, anunció que la licitación para la Refinería de Dos Bocas sería invitación restringida a cuatro empresas: “las mejores del mundo para una obra de este tamaño”, destacó.
La funcionaria federal agregó que se buscaron empresas, se hicieron entrevistas con “muchas de todo el mundo” y empresas que tienen “las mejores prácticas de transparencia, de ética y, sobre todo, que tienen un amplio conocimiento técnico de construcción en estas refinerías”.
Otra parte de la argumentación de la Secretaría de Energía planteó que la decisión se basó en la prioridad del Gobierno federal de evitar otro Odebrecht.
El Presidente agregó que se debía “cuidar qué tipo de empresa va a realizar la obra, porque si nos equivocamos en eso se perjudica a la nación, en primer lugar; pero también se perjudica nuestro proyecto. Esa empresa, Odebrecht, acabó con gobiernos y llevó a la cárcel a presidentes de algunos países. Una empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso”.
Más tarde ese mismo día, en Dos Bocas, enlistó a las empresas: “La primera, Consorcio Bechtel-Technic; segundo, consorcio Worley Parsons-Jacobs; tercero la empresa Technic y cuanto la empresa KBR”.
Los casos de corrupción en los que estas empresas están inmiscuidas son públicos. En la Conferencia Matutina del martes, se le cuestionó sobre este tema al Presidente y dijo que éstas fueron investigadas y que eran de las más serias en materia.
Y ante la pregunta de “¿es falso que tengan algún hecho de corrupción con el que se les haya vinculado?”, respondió: “En México no hay nada y lo que debe de haber, como siempre, pues, son contratos, debe de haber denuncias sin duda, en algunos casos, pero son empresas muy serias las cuatro que se escogieron”.
En el país, cuatro empresas (Bechtel, Techint, Worley Parsons y Technip) han recibido contratos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa) desde el año 2003 hasta 2016. En el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), SinEmbargo encontró 26 contratos por 2 mil 785 millones 421 mil 629 pesos.
El Presidente ha argumentado que las razones por las que no se han hecho convocatorias abiertas van desde circunstancias especiales hasta la prisa por iniciar “la cuarta transformación del país”. Sin embargo, ya varios proyectos que no han gozado de transparencia ni de la supervisión de integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como se dijo en un inicio.
Los compromisos relacionados a este tema son el 51 y 52 de su lista de 100, en los que señala que “Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU” y que “Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”.
El tema de las licitaciones para la administración de Enrique Peña Nieto fue uno de los que más problemas le causó por las reiteradas sospechas de corrupción en casos como OHL, Grupo Higa, la Casa Blanca, el socavón en el Paso Exprés, la construcción del NAIM y hasta la organización de los eventos presidenciales.
LAS ACUSACIONES CONTRA EMPRESAS
En el caso de Bechtel, en 2017 fue vinculada a un caso de corrupción en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el diario The Telegraph, se le acusó de ser usuario de servicios del Grupo Al Badie para ganar un contrato para la construcción de una planta de petroquímicos.
Bechtel admitió en tribunales británicos que pagó sobornos para ganar el proyecto. En consecuencia se le condenó por delitos estipulados en la Ley de Soborno (Brubery Act), del Reino Unido.
En el caso de Worley Parsons, se trata de corrupción en la industria petrolera. En 2016, de acuerdo con el diario The Sydney Morning Herald, se destapó una “gran estafa mundial de sobornos”.
En esta trama, Worley Parsons se alió con Leighton Holdings, otra empresa contratista también de Australia, para obtener contratos gubernamentales internacionales en materia petrolera.
En 2008 se filtraron archivos en los que se evidenció que la campaña para ayudar a ganar a Worley un contrato multimillonario. Se les ofreció a las empresas el 1 por ciento del precio total del contrato adjudicado a Parsons o a Parsons ECO.
En 2007 se le acusó a un gerente de Parsons de obtener información confidencial en Kazajistán a través de la empresa Borghi, que sobornaba a uno de los gerentes de los contratos más importantes de ese país.
En suma, de acuerdo con el diario australiano, a esta empresa se le considera como “capaz de pagar a los intermediarios sumas enormes de dinero para ganar contratos”.
Luego está el caso de Technit, que fue acusada de montar una red de sociedades offshore que fueron utilizadas para pagar sobornos. De acuerdo con información del diario Perfil de Argentina, Technit había movido millones de dólares en el mundo.
Esta empresa incluso está relacionada con los casos de corrupción de Petrobras: Technit habría pagado sobornos a cambio de contratos, calculados en al menos 8.5 millones de dólares.
Sobre KBR, está la demanda que impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos contra esta empresa por idear entre 1995 y 2004, un plan para sobornar a funcionarios del gobierno de Nigeria para obtener contratos por más de 6 mil millones de dólares. Y los ganó.
Para ocultarlos, señala la demanda, KBR simuló la celebración de contratos de “consultoría” o “servicios” con intermediarios que luego canalizaría en sus tarifas “supuestamente legítimas” a los nigerianos.
Para toda esta operación utilizaron una empresa fantasma de Gibraltar controlada por un abogado desde Estados Unidos.
La Comisión interpuso el recurso contra KBR para solicitar “medidas cautelares permanentes para prevenir futuras violaciones de las leyes federales de valores, y para buscar sus ganancias mal habidas”.
Lo mismo ocurrió con Technip, también por acusaciones en Estados Unidos por pagar 338 millones de dólares de sobornos a cambio de contratos.
